El Consejo de Gobierno aprobó esta mañana el Proyecto de Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Canarias y su envío al parlamento autonómico para su debate y aprobación. Dicho proyecto pretende adaptar la normativa canaria a la legislación básica del Estado y es fundamental para la celebración de las elecciones de renovación de los plenos de las cámaras canarias, que deben celebrarse este año.

La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, impulsora de este proyecto de ley, ha redactado una lista de evaluación, en la que se analiza el impacto normativo y financiero de la nueva ley, así como el impacto de género y empresarial.

 Diez empresas y una organización empresarial han firmado este jueves 5 de abril el Acta de Adhesión a la Red Canaria de Responsabilidad Social Empresarial en un acto presidido por el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, al que asistieron el viceconsejero de Políticas Sociales y Vivienda, Francisco Candil, y el presidente de la Cámara de Comercio de Fuerteventura, Antonio Rodríguez Marichal. En esta ocasión las organizaciones empresariales y empresas que se han sumado a la Red Canaria de Responsabilidad Social han sido la Cámara de Comercio de Fuerteventura; Caremima, S.L.; Maxodiver, S.L; Duna Prieta, S.L.; Maxocade, S.L.; El Cardón Lava, S.L.; Laquafuer, S.L.; Apsu Agua Limpia, S.L., y Oasis Park Fuerteventura.

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La asociación de asesores fiscales de Canarias y el colegio de economistas de Santa Cruz de Tenerife, en colaboración con la Cámara de Comercio de Fuerteventura, promovieron ayer tarde la charla “Compliance Penal para empresas”. 

El abogado, especialista en compliance y con amplia experiencia en derecho penal, económico y administración de empresas,  José Corsino García Busto, y el especialista en Auditoría de Cuentas e informes periciales,  Juan Luis Alayón García, fueron los encargados de exponer los beneficios de implantar programas de cumplimiento o compliance penal en la empresa. Una medida, destacaron, que toda empresa debería implementar después de que a partir de la reforma del código penal, en 2015, se estableciera que cualquier persona jurídica “y no solo las personas físicas pueden ser acusadas de determinados delitos”.